- Como hemos venido informando, el Gobierno ha anunciado que aprobará el próximo viernes, 11 de septiembre, en el consejo de ministros, un Real Decreto Ley que incluya la restitución del 26,23 % de la paga extra de diciembre de 2012, un día de asuntos particulares y la posible restitución de días por antigüedad
EL GOBIERNO CONTINÚA
UTILIZANDO AL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CON FINES
ELECTORALISTAS E INCUMPLIENDO SUS COMPROMISOS DE NEGOCIACIÓN
El pasado viernes, el Gobierno del Partido Popular ha continuado haciendo girar su maquinaria electoral, dirigida claramente a obtener el voto de las empleadas y empleados públicos, anunciando algunas medidas que afectan al personal de las Administraciones Públicas en general y, de la Administración de Justicia en particular.
Como todos y todas recordaréis, el 13 de julio de 2012, el Consejo de Ministros del mismo Gobierno que ahora se desvive por mejorar su imagen ante el personal de las Administraciones Públicas, aprobó el Real Decreto-Ley 20/2012, a través del cual se perpetró de golpe y de una sola vez, la mayor agresión (junto a la que el Gobierno anterior realizó en 2010) a los derechos sociales y económicos que los trabajadores y trabajadoras del sector público hemos sufrido.
La aprobación del Real Decreto-Ley fue seguida de una campaña insidiosa contra este personal, en la que, miembros destacados del Gobierno con su Presidente al frente, se dedicaron a difundir mentiras sobre su profesionalidad. No podemos olvidar las palabras del Sr. Beteta: “los funcionarios tienen que olvidarse del cafelito y de ir a leer el periódico y ser más productivos, con responsabilidad y humildad”.
Aquel 13 de julio se suprimió la paga extra de Navidad –el robo se materializó en el mes de diciembre-; los días por asuntos particulares se redujeron de 9 a 3 en la Administración de Justicia (de 6 a 3 en la Administración General del Estado); se eliminaron también los asuntos particulares por antigüedad (2 días adicionales al cumplir el sexto trienio, más uno más por cada trienio cumplido a partir del octavo); los días de vacaciones anuales se redujeron hasta 22, eliminando los correspondientes a la antigüedad (hasta un máximo de 4 adicionales con 30 años de servicio); se endurece el régimen de la justificación de ausencias y se amplía el horario hasta las 37,5 horas desde las 35 horas semanales pactadas en muchos Organismos de la AGE…
Se suprimió la extra de navidad, los días por asuntos particulares se redujeron de 9 a 3 en la Administración de Justicia, se eliminaron también los asuntos particulares por antigüedad, los días de vacaciones anuales se redujeron hasta 22, eliminando los correspondientes a la antigüedad, una reducción del complemento o prestación por IT de un 50% los 3 primeros días de baja y un 25% desde el cuarto hasta el vigésimo día...
En materia de Incapacidad Temporal, —precisamente en situaciones de enfermedad es cuando las personas se sienten más vulnerables— se recortan las retribuciones del personal de las Administraciones Públicas, una de las decisiones más mezquinas que se hayan podido tomar, y se produce en la Administración del Estado y en la Administración de Justicia una reducción del complemento o prestación por IT de un 50% los 3 primeros días de baja y un 25% desde el cuarto hasta el vigésimo día.
Estas medidas del RD Ley 20/2012, se unieron a otras de la misma gravedad realizadas con anterioridad o que ya se venían practicando (o que han continuado aplicándose posteriormente): reducción del 5% del salario y reducción de las pagas extras; congelaciones salariales año tras año; reducción de más del 70% de los fondos destinados a Acción Social; recortes en los fondos de formación…
Las políticas de recortes también han tenido consecuencias desastrosas sobre el empleo público. Su reducción mediante la táctica de limitaciones en las tasas de reposición, de forma que o no se ha cubierto ninguna de las bajas producidas o únicamente se ha cubierto el 10% en la mayoría de las Administraciones (en la Administración de Justicia, CCOO sigue exigiendo la inclusión de todas las vacantes en la OEP), está provocado un adelgazamiento de la Administración de tal magnitud que coloca al borde del colapso el sistema de servicios públicos al que la ciudadanía tiene derecho en un estado democrático. En la actualidad hay servicios que son incapaces de mantener unos parámetros mínimos de atención y otros muchos que están muy cerca de esa situación.
Este es el escenario en el que debe enmarcarse lo aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros. Sin duda, la primera matización que debe hacerse es que –a pesar del mensaje de propaganda difundido por el Gobierno- aún no se puede dar por aprobada ninguna medida. Hasta ahora, únicamente se ha aprobado solicitar dictamen al Consejo de Estado sobre el contenido de un proyecto de Real Decreto Ley aprobando un crédito extraordinario para abonar un 26,23% de la paga extra de Navidad de diciembre de 2012.
Asimismo, si hacemos caso de la reseña del Consejo de Ministros publicada en la web del Gobierno, (http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2015/040915funcionarios.aspx) en dicho Real Decreto Ley –cuando se apruebe- también se recuperaría la regulación de vacaciones previa a 2012, un día adicional de permiso por asuntos particulares, hasta un total de 6.
Estas medidas que se anuncian no coinciden con las presentadas a los Sindicatos en las reuniones de negociación de finales de julio, lo que vuelve a poner de manifiesto el total desprecio de este Gobierno por los procesos de negociación y los derechos del personal de la Administración General del Estado y de la Administración de Justicia.
Además, se recuperarían los días adicionales de vacaciones y permiso por asuntos particulares vinculados a la antigüedad. En dicha reseña también se indica que una vez emitido el dictamen por el Consejo de Estado, el Real Decreto Ley se someterá a la aprobación del próximo Consejo de Ministros.
Estas medidas que se anuncian no coinciden con las presentadas a los Sindicatos en las reuniones de negociación de finales de julio, lo que vuelve a poner de manifiesto el total desprecio de este Gobierno por los procesos de negociación y los derechos del personal de la Administración General del Estado y de la Administración de Justicia.
Por si esto no fuese suficiente -a pesar de que el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y el Secretario de Estado de Administraciones Públicas se comprometieron a ello en dichas reuniones de finales de julio- nada hay en el mensaje del Gobierno sobre abordar la discusión para la recuperación del resto de los derechos expoliados: recuperación del 5% del salario robado en 2010 y pagas extras del 100%; Complemento de 100% cuando se está en Incapacidad Temporal; recuperación de los Fondos de Acción Social a los niveles al menos de 2010; aplicación de Acuerdos suspendidos, o el incremento de los efectivos existentes con anterioridad y un largo etcétera.
Solo cabe decir a este Gobierno que deje de utilizar a las empleadas y empleados públicos con fines electoralistas y de una vez por todas ponga sobre la mesa –a través de los correspondientes procesos de negociación- la recuperación de la totalidad de los derechos que nos fueron sustraídos. Así lo continuaremos exigiendo por parte de CCOO.
¡¡¡ NO VAMOS
A RENUNCIAR A NINGUNO DE NUESTROS DERECHOS!!!
¡¡¡EXIGIMOS LA
RESTITUCIÓN DE TODOS LOS DERECHOS ROBADOS, INCLUIDO EL
RECORTE SALARIAL DE 2010, LA RECUPERACIÓN DEL 100% DEL SALARIO EN CASO DE BAJA,
LOS NUEVE DÍAS DE ASUNTOS PARTICULARES Y TODOS LOS GENERADOS POR ANTIGÜEDAD!!!
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EL GOBIERNO CONTINÚA
UTILIZANDO AL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CON FINES
ELECTORALISTAS E INCUMPLIENDO SUS COMPROMISOS DE NEGOCIACIÓN
CCOO VUELVE A EXIGIR AL
GOBIERNO QUE DEJE DE ENGAÑAR A LAS Y LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y DEVUELVA TODOS
LOS DERECHOS QUE NOS HAN SIDO ROBADOS
Como todos y todas recordaréis, el 13 de julio de 2012, el Consejo de Ministros del mismo Gobierno que ahora se desvive por mejorar su imagen ante el personal de las Administraciones Públicas, aprobó el Real Decreto-Ley 20/2012, a través del cual se perpetró de golpe y de una sola vez, la mayor agresión (junto a la que el Gobierno anterior realizó en 2010) a los derechos sociales y económicos que los trabajadores y trabajadoras del sector público hemos sufrido.
Aquel 13 de julio se suprimió la paga extra de Navidad –el robo se materializó en el mes de diciembre-; los días por asuntos particulares se redujeron de 9 a 3 en la Administración de Justicia (de 6 a 3 en la Administración General del Estado); se eliminaron también los asuntos particulares por antigüedad (2 días adicionales al cumplir el sexto trienio, más uno más por cada trienio cumplido a partir del octavo); los días de vacaciones anuales se redujeron hasta 22, eliminando los correspondientes a la antigüedad (hasta un máximo de 4 adicionales con 30 años de servicio); se endurece el régimen de la justificación de ausencias y se amplía el horario hasta las 37,5 horas desde las 35 horas semanales pactadas en muchos Organismos de la AGE…
Se suprimió la extra de navidad, los días por asuntos particulares se redujeron de 9 a 3 en la Administración de Justicia, se eliminaron también los asuntos particulares por antigüedad, los días de vacaciones anuales se redujeron hasta 22, eliminando los correspondientes a la antigüedad, una reducción del complemento o prestación por IT de un 50% los 3 primeros días de baja y un 25% desde el cuarto hasta el vigésimo día...
En materia de Incapacidad Temporal, —precisamente en situaciones de enfermedad es cuando las personas se sienten más vulnerables— se recortan las retribuciones del personal de las Administraciones Públicas, una de las decisiones más mezquinas que se hayan podido tomar, y se produce en la Administración del Estado y en la Administración de Justicia una reducción del complemento o prestación por IT de un 50% los 3 primeros días de baja y un 25% desde el cuarto hasta el vigésimo día.
Estas medidas del RD Ley 20/2012, se unieron a otras de la misma gravedad realizadas con anterioridad o que ya se venían practicando (o que han continuado aplicándose posteriormente): reducción del 5% del salario y reducción de las pagas extras; congelaciones salariales año tras año; reducción de más del 70% de los fondos destinados a Acción Social; recortes en los fondos de formación…
Las políticas de recortes también han tenido consecuencias desastrosas sobre el empleo público. Su reducción mediante la táctica de limitaciones en las tasas de reposición, de forma que o no se ha cubierto ninguna de las bajas producidas o únicamente se ha cubierto el 10% en la mayoría de las Administraciones (en la Administración de Justicia, CCOO sigue exigiendo la inclusión de todas las vacantes en la OEP), está provocado un adelgazamiento de la Administración de tal magnitud que coloca al borde del colapso el sistema de servicios públicos al que la ciudadanía tiene derecho en un estado democrático. En la actualidad hay servicios que son incapaces de mantener unos parámetros mínimos de atención y otros muchos que están muy cerca de esa situación.
Este es el escenario en el que debe enmarcarse lo aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros. Sin duda, la primera matización que debe hacerse es que –a pesar del mensaje de propaganda difundido por el Gobierno- aún no se puede dar por aprobada ninguna medida. Hasta ahora, únicamente se ha aprobado solicitar dictamen al Consejo de Estado sobre el contenido de un proyecto de Real Decreto Ley aprobando un crédito extraordinario para abonar un 26,23% de la paga extra de Navidad de diciembre de 2012.
Asimismo, si hacemos caso de la reseña del Consejo de Ministros publicada en la web del Gobierno, (http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2015/040915funcionarios.aspx) en dicho Real Decreto Ley –cuando se apruebe- también se recuperaría la regulación de vacaciones previa a 2012, un día adicional de permiso por asuntos particulares, hasta un total de 6.
Estas medidas que se anuncian no coinciden con las presentadas a los Sindicatos en las reuniones de negociación de finales de julio, lo que vuelve a poner de manifiesto el total desprecio de este Gobierno por los procesos de negociación y los derechos del personal de la Administración General del Estado y de la Administración de Justicia.
Estas medidas que se anuncian no coinciden con las presentadas a los Sindicatos en las reuniones de negociación de finales de julio, lo que vuelve a poner de manifiesto el total desprecio de este Gobierno por los procesos de negociación y los derechos del personal de la Administración General del Estado y de la Administración de Justicia.
Por si esto no fuese suficiente -a pesar de que el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y el Secretario de Estado de Administraciones Públicas se comprometieron a ello en dichas reuniones de finales de julio- nada hay en el mensaje del Gobierno sobre abordar la discusión para la recuperación del resto de los derechos expoliados: recuperación del 5% del salario robado en 2010 y pagas extras del 100%; Complemento de 100% cuando se está en Incapacidad Temporal; recuperación de los Fondos de Acción Social a los niveles al menos de 2010; aplicación de Acuerdos suspendidos, o el incremento de los efectivos existentes con anterioridad y un largo etcétera.
Solo cabe decir a este Gobierno que deje de utilizar a las empleadas y empleados públicos con fines electoralistas y de una vez por todas ponga sobre la mesa –a través de los correspondientes procesos de negociación- la recuperación de la totalidad de los derechos que nos fueron sustraídos. Así lo continuaremos exigiendo por parte de CCOO.
¡¡¡ NO VAMOS
A RENUNCIAR A NINGUNO DE NUESTROS DERECHOS!!!
¡¡¡EXIGIMOS LA
RESTITUCIÓN DE TODOS LOS DERECHOS ROBADOS, INCLUIDO EL
RECORTE SALARIAL DE 2010, LA RECUPERACIÓN DEL 100% DEL SALARIO EN CASO DE BAJA,
LOS NUEVE DÍAS DE ASUNTOS PARTICULARES Y TODOS LOS GENERADOS POR ANTIGÜEDAD!!!
