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CCOO REITERA AL NUEVO MINISTRO LA RECTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE GALLARDÓN


21 oct 2014


¿Por qué algunos sindicatos se preocupan solo de justificar lo injustificable sobre el contenido de un preacuerdo, argumentando falsedad sobre falsedad sobre el mismo, y olvidan lo fundamental: lograr la retirada de todas las injustas actuaciones del ex-ministro Gallardón? 

CCOO REITERA AL NUEVO MINISTRO DE JUSTICIA QUE DEMUESTRE CON HECHOS SUS PALABRAS: DEBE RECTIFICAR Y RETIRAR TODAS LAS ACTUACIONES DE GALLARDÓN QUE PONÍAN EN RIESGO MILES DE PUESTOS DE TRABAJO Y LOS DERECHOS DE MÁS DE 40.000 TRABAJADORES/AS.


Con el único objeto de desprestigiar a CCOO (que fue el único sindicato de Justicia que no firmó con Gallardón el preacuerdo porque rebajaba sustancialmente las condiciones de trabajo del personal funcionario de la Administración de Justicia y que mantuvo en solitario las movilizaciones), se está intentando “vender la moto” de que gracias a la firma de ese preacuerdo se ha conseguido mantener los partidos judiciales y los juzgados de paz, en vez de dedicar sus energías a combatir las miserables políticas del Gobierno que mantiene la privatización del Registro Civil y elude su obligación de restituir los derechos que nos han robado desde 2010.

Parece evidente que nada tiene que ver el famoso preacuerdo,  con la dimisión de Gallardón y con la retirada de su proyecto de LOPJ por el nuevo Ministro de Justicia. Toda la ciudadanía sabe, excepto los sindicatos firmantes de ese preacuerdo, que han sido exclusivamente las movilizaciones sociales de todas y todos aquellos que hemos combatido sus medidas, lo que han obligado a dimitir a Gallardón.

Parece también evidente que de no haber dimitido Gallardón y haber continuado con la tramitación de su LOPJ, existía el riesgo cierto de que se cerraran cientos de Juzgados de Paz y de que desaparecieran decenas (quizá también cientos) de partidos judiciales. El preacuerdo dice lo que dice y para que no haya más manipulaciones lo vamos a volver a reproducir:

Lo que dice el Preacuerdo:
Lo que dice CCOO
1.º El Ministerio de Justicia se compromete a incluir en el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para su posible aprobación por las Cortes Generales, las modificaciones sobre las materias que a continuación se relacionan:
Al dimitir Gallardón, el nuevo ministro ha anunciado en el Congreso, que el proyecto de reforma de la LOPJ no modificará la demarcación judicial actual, anuncio que si logramos que cumpla supera lo recogido en el preacuerdo
1.º 12. (...) Del mismo modo, el Anteproyecto recogerá expresamente la existencia de partidos judiciales.
¿Dónde pone, como se dice, que todos los partidos judiciales seguirán existiendo? Nosotros no lo vemos por ningún lado.
1.º 14.- El texto recogerá la existencia de Oficinas Judiciales de Paz, integradas por los funcionarios que actualmente prestan sus funciones en las agrupaciones o juzgados de paz de más de 7000 habitantes.
¿Dónde pone, como se dice, que todos los juzgados de paz y agrupaciones permanecerán abiertos? ¿Dónde pone que serán centro de destino? Nosotros no lo vemos por ningún lado.
Además el Ministro Catalá ha dicho que continuarán existiendo los Juzgados de Paz (no oficinas de paz) con lo que el compromiso del Ministerio en el preacuerdo no sirve para nada.

También se intenta “vender otra moto” con que el preacuerdo, dicen esos sindicatos,  garantiza “El mantenimiento de los destinos municipales tal y como están ahora en la LOPJ. UPAD municipal y cada uno de los servicios comunes de cada municipio.” Pero,

Lo que dice el Preacuerdo:
Lo que dice CCOO
1º.12. En concreto, se reconocerá, como tal centro de destino, cada uno de los servicios comunes procesales que radiquen en el mismo municipio, las unidades procesales de apoyo directo a órganos judiciales que radiquen en el mismo municipio, el Registro Civil Central y los Registros Civiles únicos de cada localidad, donde los hubiese en tanto en cuanto no entre en vigor la normativa específica en materia de Registro Civil, cada una de las Fiscalías, cada uno de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, cada una de las sedes del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses conforme a su norma de creación, la Mutualidad General Judicial, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.
¿Dónde está el avance del preacuerdo? El RD 8/2014 se publicó en el BOE del 5 de julio y el preacuerdo se suscribió el día 23 de julio.
¿Por qué asumen y suscriben los firmantes que el Registro Civil dejará de ser centro destino cuando “entre en vigor la normativa específica en materia de Registro Civil”?  

¿Dónde están los Juzgados de Paz como centro de destino?

Nosotros no los vemos por ningún lado en el preacuerdo. En la vigente LOPJ si están.


Lo que CCOO ha planteado desde el primer momento, para garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la Administración  de Justicia, y sigue manteniendo,  es claro:

1.- Que no haya movilidad forzosa, ni  geográfica ni funcional.
2.- Que a nadie se le recorten sus retribuciones actuales.
3.- Que no se reduzca el número de puestos de trabajo.

¿Dónde se recoge en el preacuerdo firmado por esos sindicatos, que se prohíbe la movilidad forzosa fuera del municipio o que no se podrán disminuir las retribuciones de ningún trabajador/a en las redistribuciones o reordenaciones de efectivos, como hasta ahora está expresamente recogido en el artículo 523 de la LOPJ de 2003?


Ni el preacuerdo, ni el Ministerio garantizaban estas tres condiciones fundamentales para CCOO. Parece que pudieran ser condiciones de trabajo a las que otros están dispuestos a renunciar. Nosotros NO.

Pero además, CCOO ha planteado desde el primer momento, para impedir el desmantelamiento de la Administración de Justicia, que no desapareciera ningún Partido Judicial ni ningún órgano judicial de los que existen en la actualidad.

Y, por último, firmar el preacuerdo para la aprobación de LOPJ supuso, además de dar por finalizada la negociación del anteproyecto de reforma de la LOPJ,  aceptar todo lo que estaba en el anteproyecto de LOPJ  y que no viene recogido en el preacuerdo, como por ejemplo:

Artículo 629. Redistribución y reordenación de efectivos.
3. Por motivos excepcionales, el Ministerio de Justicia, o en su caso las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia, podrá acordar planes de ordenación de recursos humanos en los términos y conforme a lo previsto en la normativa vigente para los funcionarios de la Administración General del Estado.

Artículo 646. Funciones de los Procuradores.

2. En los casos y términos previstos en las leyes, los Procuradores podrán realizar los actos procesales de comunicación judicial, embargos y ejecución, a excepción de los lanzamientos, así como otras tareas de auxilio y cooperación con los Tribunales.

CCOO no firmó el preacuerdo, no aceptó los planes de ordenación de recursos humanos, no aceptó la privatización, a favor de los Procuradores, de los actos de comunicación y ejecución.

Todo esto sí fue aceptado por los firmantes del preacuerdo. ¡Que no nos vendan la moto!

Afortunadamente, todos los funcionarios/as de justicia saben que el proyecto de LOPJ de Gallardón era un ataque sin precedentes contra nuestros derechos laborales y nuestras condiciones de trabajo. Antes y después del preacuerdo.

CCOO convocó movilizaciones para luchar contra esta agresión y volverá a convocarlas si el nuevo ministro no rectifica.

CCOO NO SERÁ CÓMPLICE DE NINGUNA PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

CCOO NO AVALARÁ NINGUNA REBAJA DE NUESTRAS CONDICIONES DE TRABAJO

NOTA.- El texto del preacuerdo puedes verlo en este enlace:

Efectivamente, es en la web de uno de los sindicados firmantes, así se podrá ver que no hay ninguna manipulación en nuestra información.

  • ¿Alguien encuentra en el preacuerdo los juzgados de paz como centro de destino?
  • ¿Alguien encuentra en el preacuerdo que se mantendrán todos los partidos judiciales y todas las agrupaciones y juzgados de paz?
  • ¿Alguien encuentra en el preacuerdo que no habrá reducción de plantilla, ni de retribuciones, ni movilidad forzosa?
  • ¿Alguien encuentra en el preacuerdo que no habrá planes de empleo ni de redistribución forzosa de efectivos en la Admón. de Justicia?
  • ¿Alguien encuentra en el preacuerdo que no habrá privatización de los actos de comunicación y ejecución?



Quedan claros los motivos por los que CCOO no firmó el preacuerdo, ni firmará nada en esas condiciones.

DEBE EL MINISTRO CATALÁ RECTIFICAR LA DECISIONES DE GALLARDÓN QUE ATACABAN NUESTROS DERECHOS.
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MANIFIESTO DE CCOO ANTE LA DIMISIÓN DE GALLARDÓN Y EL NOMBRAMIENTO DEL NUEVO MINISTRO DE JUSTICIA


2 oct 2014


MANIFIESTO DE CCOO ANTE LA DIMISIÓN DE GALLARDÓN Y EL NOMBRAMIENTO DEL NUEVO MINISTRO DE JUSTICIA

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1.- El pasado 23 de septiembre el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, presentó su dimisión. Pero la dimisión de Gallardón no significa un cambio de la política de este Gobierno, siguen en sus cargos el presidente del Gobierno y el resto de ministros que han aprobado de forma colegiada, y sin fisuras, todas las reformas encaminadas a reducir el déficit, siguiendo el programa remitido a la UE, cuya ejecución se desplegará durante el período  2015-1207 mediante nuevos recortes presupuestarios y  eliminación de derechos. La última decisión, el viernes 26 de julio de 2014, la insoportable quinta congelación salarial consecutiva de los salarios de los EE.PP., la inclusión más que insuficiente de una tasa de reposición de efectivos de un máximo del 50 %, muy alejada de la imprescindible convocatoria en la OEP de las miles de vacantes existentes en la Administración de Justicia, manteniendo el Gobierno de forma interesada miles de empleos en precario, y la devolución, claramente insuficiente, de una parte (que apenas alcanza el 25%) de la paga extra de 2012, robada por Gallardón, el presidente del Gobierno y el resto de sus ministros, aquel mes de julio de 2012.

2.- Esta dimisión venía siendo reclamada por cientos de miles de personas, entre las que se encontraban miles de trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia, y por CCOO, que venimos rechazando las reformas de Gallardón desde que aprobó la Ley de tasas judiciales que condenaba a la inmensa mayoría de la ciudadanía a no poder acudir a los Juzgados y Tribunales para defender de sus legítimos derechos.

Muchas han sido las leyes o proyectos de ley aprobadas por el Gobierno por iniciativa de Gallardón, que han sido rechazadas mayoritariamente por la ciudadanía, entre ellas la modificación de la actual ley del aborto, que ha sido el desencadenante de su dimisión, y que ha tenido, según todos los datos publicados en los medios de  comunicación, el rechazo  de la mayoría de la sociedad, incluidos el de muchos de los votantes del partido popular.

3.- El Sector de Administración de Justicia de CCOO, ha impulsado desde el año 2012 muchas de las movilizaciones contra las reformas de Gallardón, y ha participado activamente en las organizadas por diferentes sectores relacionados con la Administración de Justicia: ley de tasas judiciales, proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita, proyecto de ley de jurisdicción voluntaria, reforma del Código Penal ….., pero especialmente en los últimos tiempos, CCOO potenció la lucha contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (que elimina la justicia de proximidad al suprimir cientos de partidos judiciales y los Juzgados y Agrupación de Juzgados de Paz, modifica las condiciones laborales y retributivas de los trabajadores y trabajadoras e incide en la privatización del servicio público al otorgar a los Procuradores la facultad de realizar los actos de comunicación y ejecución ….) y contra la privatización de los Registros Civiles, para que continúen siendo un servicio público, universal y gratuito servidos por personal de la Administración de Justicia.

4.- La lucha contra la reforma de la LOPJ y contra la privatización de los Registros Civiles tiene para CCOO la máxima importancia, porque están en juego miles de puestos de trabajo e importantes derechos laborales que hemos venido conquistando los trabajadores y las trabajadoras en los veinte últimos años y que tanto ha costado conseguir pero, además, supondrán un avance decisivo para el desmantelamiento del servicio público de la Administración de Justicia.

5.- Por eso, CCOO ha mantenido y  seguirá manteniendo  la convocatoria de todas las movilizaciones necesarias (en los últimos meses en solitario, pues el resto de organizaciones sindicales representativas han dado un balón de oxígeno a Gallardón y a sus reformas firmando preacuerdos que le hubieran salvado de su dimisión, si no fuera por la marea ciudadana, social y laboral que lo ha logrado), acompañadas de las demás medidas complementarias de presión que venimos y seguiremos llevando a cabo (promover mociones contra estas actuaciones en cientos de Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y en los Parlamentos autonómicos, recursos judiciales llegando al Tribunal Constitucional, solicitudes a los grupos parlamentarios para que se opongan a estas reformas, presentándoles enmiendas para su defensa, denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el ministro Gallardón y el presidente del Gobierno por una presunta vulneración del deber de abstención….) para lograr que el Gobierno retire el proyecto de reforma de la LOPJ y deje sin efecto la privatización de los Registros Civiles.

6.- El pasado 7 de julio, nada más aprobar el Gobierno el RDLey 8/2014 que privatizaba los Registros Civiles (BOE de 5 de julio), y además, ante su intención de aprobar antes de finales del mes de septiembre el proyecto de reforma de la LOPJ, CCOO convocó de huelga en la Administración de Justicia.

7.- El Ministerio de Justicia, había dado por cerrada la negociación de los contenidos de la reforma de la LOPJ en la mesa sectorial del pasado 10 de julio con la firma, por tres organizaciones sindicales, de un preacuerdo que para CCOO no garantizaba los derechos de los más de 40.000 trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia, por eso no suscribió el mismo y reclamó, tanto en esa mesa sectorial, como en varias cartas, los cambios que habría que introducir en el texto de la reforma de la LOPJ para garantizar, sin ninguna duda, el servicio público, el mantenimiento de todos los puestos de trabajo y los derechos laborales y retributivos de las trabajadoras y trabajadores de la Administración de Justicia.

8.- Nuestra reclamación se sostiene en numerosos y contundentes argumentos, pero el propio presidente del Gobierno ha añadido uno a su pesar, al querer argumentar por qué, ahora sí y durante 9 meses no, a pesar de la demanda de millones de personas, retiraba la reforma de la ley del aborto, cuando dijo la mañana del martes 23 de septiembre: “no vamos a aprobar leyes sin consenso, que otros Gobiernos el primer día vayan a modificar completamente”

Señor presidente del Gobierno: el proyecto de reforma de la LOPJ y la privatización de los Registros Civiles cuenta con la oposición expresa de Ayuntamientos, Parlamentos Autonómicos, todos los grupos parlamentarios, excepto el suyo, millones de personas que no quieren que sus localidades dejen de contar con el partido judicial o el Juzgado de Paz del que ahora disponen, asociaciones de abogados, asociaciones de jueces y fiscales, de secretarios judiciales, asociaciones de consumidores, de vecinos…, y de miles de trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia, y con la oposición de CCOO. Y además el nuevo responsable del PSOE ya ha anunciado y se ha comprometido con CCOO (recogido por las cámaras de televisión en la concentración convocada por CCOO el día de la apertura del año judicial) a que dejaría sin efecto la privatización de los Registros Civiles. No se equivoque de nuevo, no apruebe el proyecto de reforma de la LOPJ y retire la privatización de los Registros Civiles, porque la democracia exige escuchar el clamor de la sociedad. Que verdaderamente sirva la dimisión de Gallardón, para CCOO el peor ministro de Justicia de la historia de la democracia, para recuperar los derechos de la ciudadanía.

9.- Hoy, lunes 29 de septiembre, toma posesión el nuevo ministro de Justicia y CCOO le ha trasladado una carta en la que le reclamamos, entre otras cuestiones:
  • 1.- Convocatoria urgente de mesa sectorial con su presencia.
  • 2.- Compromiso de que va a retirar el proyecto de reforma de la LOPJ. 
  • 3.- Compromiso expreso de que el Gobierno va dar marcha atrás y dejara sin efecto la privatización de los Registros Civiles, manteniendo la situación actual de servicio público, universal, gratuito y servido por personal de la Administración de Justicia.
10.- CCOO ha comunicado al ministro de Justicia que le ofrece la posibilidad de rectificar las agresiones de Gallardón y dar marcha atrás a sus inaceptables reformas. La decisión adoptada por CCOO de aplazar la huelga del día 8 de octubre, ni es un cambio en nuestra firme posición de seguir luchando hasta conseguir detener estas reformas, ni es un cheque en blanco al nuevo titular del departamento de Justicia, ni significa en absoluto la suspensión de la huelga.

Si el nuevo ministro de Justicia no convoca la mesa sectorial con urgencia, o en la misma no acepta estas reivindicaciones, CCOO RETOMARÁ DE FORMA INMEDIATA LA CONVOCATORIA DE LA HUELGA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, en defensa del servicio público y de los derechos y condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras que prestan servicio en la Administración de Justicia. Madrid a 29 de septiembre de 2014


Madrid a 29 de septiembre de 2014
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La hermana de Rajoy a los registradores: “Gracias a vosotros tendremos un gobierno de PSOE, IU, Podemos y UPyD”


30 sept 2014



Artículo de Prensa publicado en www.infolibre.es
  • La reforma que el Gobierno está a punto de aprobar siembra la discordia en el gremio de los registradores y los enfrenta al Ejecutivo
  • Mercedes Rajoy, también registradora, usó una lista de correo interna para defender a sus hermanos de las críticas de sus propios compañeros

Actualizada 29/09/2014 a las 11:33

Mercedes Rajoy, en el centro, y su hermano Luis, a su derecha. Enrique es el primero por la izquierda.  DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
Mercedes Rajoy, en el centro, y su hermano Luis, a su derecha. Enrique es el primero por la izquierda. DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
La reforma integral de los registros que ultima el Gobierno ha sembrado la discordia en un gremio nada habituado a lavar sus trapos sucios en público y, hasta hace una década, pacífico y bien avenido. Pese a que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es registrador de la Propiedad, también dos de sus hermanos, y pese a que tanto la nuera como el cuñado del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, pertenecen al gremio, hay de todo menos sintonía con sus compañeros de profesión, que han recibido la reforma promovida como un casus belli. Aunque sólo un pequeño grupo defiende los cambios que quiere llevar a cabo el Ejecutivo, el enfrentamiento entre ellos y la mayoría amenaza no sólo con terminar en un auténtico cisma, sino también con desencadenar una guerra abierta contra el Gobierno

A día de hoy, la batalla todavía se libra de puertas adentro, sin acusaciones públicas directas. Pero ya es cruenta. El millar de registradores de la Propiedad y Mercantiles que hay en España estándando rienda suelta a sus diferencias en una lista de correo electrónico donde la exposición de motivos profesionales se mezcla con el ataque personal y los reproches políticos. A la crispación no es ajena la pertenencia de los tres hermanos Rajoy al gremio y las vinculaciones familiares del exministro Gallardón con los registradores.

El pasado 13 de agosto, la hermana del presidente del Gobierno y titular del registro de la Propiedad de Getafe número 2, Mercedes Rajoy Brey, expresaba en un correo su “desolación” por los “ataques personales” recibidos por algunos de sus “compañeros” en ese mismo foro, y por el “mutismo” ante ellos que mantenía la junta de gobierno del Colegio de Registradores de España. La hermana de Mariano Rajoy se queja de que otros registradores digan que “el presidente del Gobierno no tiene ni idea de cómo funciona el registro y que gobierna por vínculos afectivos”. “[Esa afirmación] Evidencia no sólo su mala … [los puntos suspensivos son de la autora del correo] sino también el desconocimiento total de su personalidad, glosada hasta hartar por muchos articulistas de periódico”, replica la registradora.

Por el contrario, Mercedes Rajoy asegura que su hermano sólo “hará lo que convenga al interés público”. E insinúa que para los contrarios a la reforma ese interés público consiste en “subvencionar a los suyos con dinero público” y en conseguir que “los registradores trabajen lo mismo y ganen más”. 
“Los familiares [del presidente del Gobierno] estamos hartos de vuestras insinuaciones y ataques directos”, estalla la registradora, incluyendo en la frase a su otro hermano registrador, Enrique. Entonces sube el tono y pasa al contraataque político: “Lo bueno es que, gracias a vosotros, entre otros factores, en un año ya no seremos 'familiares de', porque tendremos un gobierno de coalición PSOE, IU, Podemos y UPyD”, advierte. “Vosotros callaréis”, abunda, “y todos, especialmente los de los vínculos afectivos, estaremos contentísimos”. La hermana del presidente concluye su correo con un deseo envenenado: que antes de perder las elecciones en 2015, al Gobierno le dé tiempo a aprobar la Ley de Servicios Profesionales y éstareduzca las cuotas que los registradores pagan al colegio a 24 euros, “que es el coste del servicio que éste presta” a sus miembros. Mercedes Rajoy se queja aquí del órgano corporativo, principal opositor a la reforma de Ruiz-Gallardón.

Apelaciones al miedo, Bárcenas y Angulo en la sombra

El arrebato de la hermana del presidente, que según las fuentes consultadas no es una habitual en la lista de correo, recibió una respuesta inmediata y contundente de sus compañeros.

Así, Pablo D. le recrimina sus “apelaciones al miedo”, en referencia al augurio de Mercedes Rajoy sobre una posible victoria electoral de la izquierda en 2015. “Apellidarse Rajoy Brey en estos momentos en España” debería condicionar su conducta personal, le recomienda, porque “constituye una servidumbre que impone […] prudencia”. “Uno debería ser especialmente escrupuloso para que no pueda pensarse que [los apellidos] se utilizan, por ejemplo, como medida de presión o con fines intimidatorios”. A continuación, acusa al otro hermano registrador del presidente, Enrique, de haber dejado de lado “en numerosas ocasiones” anteriores una “independencia y un dejar hacer” que Pabl D. considera necesarias. La alusión a Enrique Rajoy no es ajena al papel que fuentes del propio Colegio adjudican al hermano del presidente en las maniobras que se vienen denunciando sobre elconcurso opaco de adjudicación de la nueva plataforma tecnológica que integrará los datos de todos los registros españoles.

Si gana la izquierda, advierte después Pablo D., “será porque así lo habrán querido los españoles, muchos de ellos, no te quepa duda, por la forma de gobernar del actual presidente”. “No debemos olvidarnos de que Podemos nace, crece y se está desarrollando en el tiempo y durante la legislatura en la que Mariano Rajoy está siendo presidente, y se está alimentando de un descontento muy extendido”, explica el registrador, quien de hecho convierte al presidente en el “principal responsable de que exista Podemos”. También le atribuye “los más duros ataques” sufridos jamás por los registradores.

Javier S., que se declara “antiguo militante de la Alianza Popular en los tiempos de don Manuel [Fraga]”, llega a recriminarle al presidente, a través de su hermana, la “confianza” que éste pone en “personas que no la merecen (sus propias palabras en el triste caso que todos sabemos)”. El registrador se refiere al extesorero del PP Luis Bárcenas y equipara esa “equivocación” con la que, a su juicio, ahora comete Rajoy con los promotores de la reforma de los registros, pertenecientes al gremio y situados en la Dirección General de los Registros y el Notariado. Al frente de esta dirección general ha estado durante la etapa Gallardón el registrador Joaquín Rodríguez, muy cercano a los hermanos Rajoy y que anteriormente ocupó la dirección de informática del Colegio Oficial de Registradores.

Luis M. F. también confiesa haber votado en su día al PP, pero no duda en criticar el “recurso a la política del miedo y la amenaza” de Mercedes a Rajoy en su correo. Igualmente le reprocha que defienda a un compañero “ofendido”. Ninguno lo nombra pero lleva meses en boca de todos ellos: Javier Angulo, registrador de Lleida y desde 2012 jefe del proyecto de gestión de expedientes de nacionalidad en el Ministerio de Justicia. “Existen al menos tal cantidad de sombras en su proceder que merecerían por tu parte el silencio o la cautela”, la reconviene Luis M.F.

El registrador alude a la relación entre Angulo y la empresa Futuver, adjudicataria de la aplicación informática que lleva a cabo la gestión de expedientes de nacionalidad. Javier Angulo fue administrador solidario de Futuver Rumania SRL, una filial. CCOO acaba de denunciarle ante la Fiscalía General del Estado por desarrollar “actividades, negociaciones y asesoramientos” que la ley considera vedadas a funcionarios públicos. También ha denunciado a Rajoy y a Ruiz-Gallardón por no haberse inhibido en el Consejo de Ministros que aprobó la reforma de los registros.

En defensa de la hermana de Rajoy

Hay algunos colegas que salen en defensa de Mercedes Rajoy y del proyecto de Ruiz-Gallardón en la lista de correos de los registradores. Rafael C. llama “macho men”, “leones” y “aspirantes a reyes de la selva” a los compañeros que replicaron a la hermana del presidente. “Si la compañera”, ironiza, “no está dispuesta a suscribir lo que ellos dicen de la A a la Z, con sumiso arrobo, hay que ponerla en su sitio. Calladita, que ya hablan los hombres de verdad”. “Mi enhorabuena a Mercedes Rajoy por su valiente mensaje”, añade.

infoLibre contactó con Mercedes Rajoy para saber si quería realizar alguna precisión a la vista de la tensión generada en la lista de correo. La registradora de Getafe declinó hacer declaraciones porque no quiere “alimentar polémicas”. Y recordó que tampoco había contestado “a los compañeros” que enviaron mensajes a esa lista reprochándole su defensa del presidente del Gobierno.
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La adjudicación millonaria de un nuevo sistema informático abre una guerra entre Gobierno y registradores -Artículo de Prensa-



Artículo de Prensa publicado en www.infolibre.es
  • El contrato ha sido licitado por una empresa pública del Ministerio de Defensa, Isdefe, en un procedimiento cerrado 
  • Los registradores advierten de que el concurso opaco ha sido diseñado para que lo gane la empresa Futuver 
  • Denuncian que una minoría dentro del gremio, en cuya órbita sitúan al hermano del presidente Rajoy, maniobra para crear un Colegio paralelo 
  • Futuver dice que no se presenta a la licitación, pero que se asociará con la adjudicataria
Actualizada 27/09/2014 a las 18:22

Enrique Rajoy es el primero por la izda.; Mariano Rajoy, el tercero por la derecha.  DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
Enrique Rajoy es el primero por la izda.; Mariano Rajoy, el tercero por la derecha.DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
La dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón ha puesto un paréntesis en el pulso que los registradores de la Propiedad llevan meses sosteniendo con el Ministerio de Justicia por culpa de la reforma de los registros y la integración del Registro Civil. Un pulso que amenaza con terminar en cisma dentro del Colegio Oficial de Registradores, al tiempo que en una auténtica batalla judicial para detener los cambios ya en marcha.

Antes del próximo día 4 de octubre debería aprobar el Consejo de Ministros los estatutos de la nueva Corporación de Derecho Públicodonde el Gobierno quiere integrar a los registradores mercantiles que se encargarán de gestionar el Registro Civil desde el 15 de julio de 2015. Al menos ése fue el plazo que se puso a sí mismo el Ministerio de Justicia cuando el pasado 4 de julio aprobó la cesión: tres meses.

La nueva corporación es también la que debe formalizar –y pagar– el contrato del sistema electrónico integrado que compartirán todos los registros de la Propiedad y Mercantiles a partir del 15 de julio de 2015. Pero, antes, la aplicación informática habrá sido licitada y adjudicada por la empresa pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe), dependiente del Ministerio de Defensa.

Según las fuentes consultadas por infoLibre, el reglamento que incluye los estatutos de la nueva corporación se encuentra pendiente del preceptivo, aunque no vinculante, dictamen del Consejo de Estado, ante el que 150 registradores han presentado alegaciones. “Estamos en condiciones de cumplir el plazo”, se limita a decir, por su parte, una portavoz de Justicia. Menos aún se sabe de la licitación del Isdefe: se trata de un procedimiento cerrado, del que se encarga Defensa por razones de “máxima seguridad” y confidencialidad, la de los millones de datos que manejará ese sistema integrado. Las fuentes consultadas cifran en cerca de 80 millones de euros el importe del contrato, aunque algunos especialistas consideran que esa cantidad es “disparatada” respecto al “valor de mercado de un software similar”.

Arancel sí, sueldo no

Si ambos trámites se cierran tal y como fueron diseñados antes de marcharse Ruiz-Gallardón, se consumará una reforma que la mayoría de los registradores consideran un atentando contra su “independencia”. No sólo temen que se les someta a la “estructura jerárquica de la Administración”, sino que además, se les convierta en los “paganos” del Registro Civil, toda vez que éste dejará de sufragarse a cargo de los Presupuestos del Estado pero seguirá siendo gratuito para el ciudadano.

Según el proyecto de Justicia, los trámites del Registro Civil los abonarán los registradores mercantiles de los aranceles que cobren por sus servicios. También serán los registradores quienes paguen el nuevo sistema informático integrado. Para el gremio, el arancel, además de la fuente de sus cuantiosos ingresos, es la garantía de su independencia.“Si me ponen a sueldo [de la Administración], me voy a [el Tribunal Internacional de] La Haya”, advierte un registrador consultado por este periódico. A su juicio, la “sueldización”, como lo llaman estos profesionales, “expropia las condiciones del contrato” que firmaron tras aprobar la oposición.

Del Registro Civil se van a encargar finalmente los registradores mercantiles, unos 100 en toda España, porque los de la Propiedad, un millar, se han negado. Alegan que el estallido de la burbuja inmobiliaria les ha dejado muy tocados –“Vivimos de inscribir inmuebles”, explican– y que muchos de ellos han tenido que ejecutar ERE temporales porque no podían sostener sus plantillas, después de haber sufrido más de 100 rebajas del arancel desde los años 80.

La memoria económica, sin una sola cifra

Además, critican que se les haya endosado una tarea de considerable envergadura –un millón de trámites al año– sin haber hecho un estudio previo de costes. El real decreto de 4 de julio que cede la gestión del Registro Civil a los registradores mercantiles cuenta con una breve “memoria del análisis de impacto normativo” –como es preceptivo–. De sus 10 páginas, sólo dos están dedicadas a analizar el impacto económico y presupuestario de la reforma. Y no contienen ni una sola cifra. El texto se limita a glosar el “evidente ahorro de costes”que supondrán los cambios en los registros. “Los costes de explotación del Registro Civil dejarán de ser una carga para los Presupuestos Generales del Estado y para los de las comunidades autónomas”, explica la memoria, porque esos gastos “pasarán a ser sufragados por los registradores”, que poseen “recursos humanos e infraestructuras suficientes”. Pero no precisa cuáles son esos costes de explotación ni con qué recursos e infraestructuras cuenta el gremio.

Los registradores creen también que el Gobierno va a utilizar la Corporación de Derecho Público para crear un “colegio paralelo” con el que soslayar la oposición del gremio. De hecho, aunque en principio sólo la integrarán los registradores mercantiles, el proyecto de estatutos elaborado por el ministerio establece que también los de la Propiedad deberán sumarse. Los opositores a la reforma advierten, además, que la intención de Justicia es “absorber” el cuantioso patrimonio del Colegio de Registradores. Así, el proyecto de estatutos cita entre los recursos económicos que tendrá la nueva corporación las “cesiones, ordinarias y extraordinarias, de fondos que le haga el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España”.

Para poner en marcha la reforma, la corporación se regirá por unConsejo Ejecutivo Provisional, hasta el 15 de julio de 2015, cuyossiete miembros, registradores mercantiles, serán nombrados por el Ministerio de Justicia. Otro detalle fundamental que despierta los recelos en el gremio: será el Consejo Provisional el encargado de firmar el contrato del sistema electrónico. Y ese contrato se ha convertido en el ojo del huracán de todas las críticas.
Un contrato a la medida de Futuver Consulting

Los registradores con los que ha hablado este periódico coinciden en interpretar todos los cambios preparados por el Ministerio de Justicia como una maniobra para adjudicar el sistema informático integrado a una empresa muy concreta: Futuver Consulting.

Empresa asturiana cuyo consejero delegado es Antonio Otero Carreira, Futuver se dedica desde 1997 a la “modernización de la Administración pública y los registros públicos de la Propiedad”. Tiene su sede madrileña en el mismo edificio propiedad de IICRE –una empresa del Colegio de Registradores–, donde están situados los registrosmercantiles y de la propiedad de la capital. Su aplicación Futuregfunciona en una buena parte de los registros de España. Además, fue elegida por el Colegio de Registradores, previa encomienda del Ministerio de Justicia, para acabar con el atasco que sufrían los expedientes de nacionalidad. También ha informatizado los registros de México DF yPanamá.

Hace dos semanas, CCOO denunció ante la Fiscalía General del Estado al director general del Registro, José Joaquín Rodríguez, y al jefe del proyecto de gestión de expedientes de nacionalidad, Javier Angulo, por haber intervenido en “actividades, negociaciones y asesoramientos” vedadas a funcionarios públicos. Tanto Angulo como Rodríguez son registradores: el primero, de la propiedad en Lleida y el segundo, mercantil en Zaragoza. Angulo, además, era administrador solidario de Futuver Rumania SRL –que fue filial de Futuver Consulting SL–, cuando resultó designado para trabajar en la Dirección General del Notariado del Ministerio de Justicia.

El sindicato reproduce la información que reveló el pasado mes de julio el diario digital 20minutos.es, según la cual el Colegio de Registradores pagó 5,15 millones de euros a Futuver por la aplicación, que pretendía resolver un atasco de casi medio millón de expedientes sin tramitar. Tras la publicación, Javier Angulo envió una carta al Colegiopara que éste rectificara el relato del digital. En ella, el registrador de Lleida niega haber simultaneado su cargo en Futuver Rumania y su puesto en la Dirección General de Registros. Dice que no le nombró su responsable y que allí trabaja en comisión de servicios. También asegura que su trabajo se limita a “proponer medidas para modernizar los registros”. Y que Futuver Rumanía ya no es filial de Futuver Consulting:“Sólo ostentó una participación minoritaria en su constitución”. Además rebaja el precio de la aplicación hasta los 600.000 euros.

Informe a favor de Futuver


Según los documentos a los que ha tenido acceso infoLibreJavier Angulo fue el autor de un informe enviado a la junta de gobierno del Colegio de Registradores donde le ofrece la aplicación informática de Futuver para gestionar el Registro Electrónico. El documento data denoviembre de 2011, cuando el Ejecutivo del PSOE ya había aprobado la creación de ese registro electrónico y el PP aún no había llegado al Gobierno. Entonces, según asegura el propio Angulo en su carta de rectificación al Colegio, únicamente era administrador de Futuver Rumanía, una empresa que “sólo se dedica desde su constitución a proyectos en materia de turismo y energías renovables” y que, dice, no tenía relación accionarial con Futuver Consulting. El actual administrador de Futuver Rumanía es Antonio Otero, el consejero delegado de Futuver Consulting.

Las fuentes consultadas apuntan que el informe lo presentó Javier Angulo como registrador de Estepona (Málaga). Durante años ha ocupado cargos relacionados con la informática y trabajado en proyectos tecnológicos para el Colegio Oficial. “No hay otra empresa que disponga de una solución integral como la de Futuver. No hay otra empresa que disponga de su experiencia. No hay otra empresa que pueda afrontar en un plazo de ejecución breve el paso al Registro Electrónico en España”, recalca en el documento. “Para tomar decisiones sobre este asunto no tiene sentido encargar un análisis a una gran empresa tipo Price & Waterhouse [sic], Ernst & Young, Deloitte, Indra, Corte Inglés, etcétera. No tienen experiencia sobre lo nuestro”, abunda.

“En conclusión, antes, más tarde, después y ahora, he defendido que la solución en España pasa por Futuver, pero desde el momento en que he conocido internamente cómo se trabaja y me he hecho una idea clara de las posibilidades que un acuerdo estratégico global entre el Colegio y Futuver significaría para ambos interlocutores, no puedo más que insistir nuevamente en que tenemos la solución a nuestro alcance para dar un salto de gran magnitud para los Registros en España y fuera de España”, concluye.

No se presentará al concurso pero se asociará al ganador

Javier Angulo no ha contestado a las llamadas de infoLibre. Tampoco el Colegio de Registradores ha querido responder, a la espera de lo que ocurra en los próximos días y sujeto a la confidencialidad exigida en el concurso sobre la adjudicación de la plataforma tecnológica. Por el contrario, un portavoz de Futuver explica que la empresa ni se ha presentado ni se va a presentar al concurso de Isdefe. “No tiene capacidad para un contrato de tal volumen”, admite. Pero sí espera “asociarse o ser subcontratada” por alguna de las “grandes compañías” que sí participarán en la licitación, a fin de  “ejecutar” el contrato. Casi lo que Javier Angulo explicaba al Colegio de Registradores si elegía a una gran compañía de consultoría o informática, que carecerá de la solución tecnológica requerida: “Caso de ser adjudicatarios, se dirigirán a Futuver para hacerse con su solución y, previo lavado de cara, la colocarán al cliente, el Colegio, en el doble de precio que hayan pagado”.

Por el breve plazo de tiempo que Justicia ha previsto para poner en marcha el registro electrónico integrado, el portavoz de la empresa asturiana mostró su seguridad en que la adjudicataria “recurrirá a Futuver porque ya tiene el trabajo adelantado”. “Son la empresa con mayor especialización en este campo”, destaca.

El representante de Futuver atribuye lo que tacha de “intoxicaciones” a un “intento de desprestigiar” a la empresa: “Hay muchos interesados enfrentados para conseguir el concurso”, señala. También niega que Futuver esté haciendo lobby para hacerse con el contrato. “Por su especialización se la señala continuamente”, concluye.

Enrique Rajoy y Arbo

Los últimos meses han sido agitados dentro del gremio de los registradores. La mayoría se opone a las reformas y adivina oscuros intereses tras ellas. Responsabiliza de la iniciativa a una minoría de sus colegas, reunidos en la asociación Arbo y algunos aupados a la Dirección General de los Registros. Dicen que nunca ha habido tantos registradores como ahora ocupando cargos en el Ministerio de Justicia, pero les acusan de haberse arrogado la representación de todos sus compañeros para lanzar los “más duros ataques” que jamás ha sufrido el gremio. Además, ven el hecho de que tanto el presidente del Gobierno como dos de sus hermanos sean registradores, y de que el ya exministro Ruiz-Gallardón tenga, a su vez, una nuera y un cuñado en el gremio, como un claro perjuicio para la profesión. Ambos, Rajoy y Gallardón, han sido igualmente denunciados por CCOO ante la Fiscalía General del Estado por no haberse inhibido en el Consejo de Ministros que aprobó la reforma.

En efecto, el hermano pequeño de Mariano Rajoy, Enrique, es registrador de la Propiedad en Cáceres desde febrero de 2009. En 2005 ocupó el cargo de secretario general del Centro Internacional de Derecho Registral (Cinder), una suerte de lobby internacional de los registradores. Creado en 1972, tiene su sede en Madrid y su área original de influencia era América Latina. Enrique Rajoy también ha sido director de Relaciones Internacionales del Colegio.

Los registradores consultados sitúan al hermano del presidente en el entorno de la asociación que congrega a los defensores de la reforma. Éstos, a su vez, acusan al Colegio Oficial de sostener una “táctica suicida” enfrentándose al Gobierno. También le culpan de que, gracias a sus continuas negativas al ministro, la cesión del Registro Civil sea finalmente “gratis total” y de que se haya excluido al gremio del diseño de la reforma integral. En su página web defienden a Javier Angulo, a los hermanos de Rajoy y a los responsables de la Dirección General de los Registros de las críticas vertidas en los últimos meses por sus compañeros.

La próxima batalla la quieren dar los opositores en los tribunales, impugnando todas las decisiones del Gobierno, desde decretos hasta adjudicaciones. Para ello ya han creado una nueva asociación, bautizada con el nombre de Francisco Cárdenas. Mientras, las espadas siguen en alto en el Colegio de Registradores, donde algunos ven incluso la amenaza de una moción de censura para descabalgar a la actual junta de gobierno. Para conseguir apoyos suficientes, éstos denuncian los intentos de la minoría de “captar voluntades de los registradores más jóvenes”. Aún es una incógnita cuál será la política del nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, al respecto. Tomará posesión esta misma semana.
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CCOO se congratula por la dimisión de Gallardón, pero no basta: Rajoy debe retirar la privatización de los Registros Civiles y la reforma de la LOPJ


23 sept 2014


CCOO SE CONGRATULA POR LA DIMISIÓN DEL MINISTRO GALLARDÓN, EL PEOR MINISTRO DE JUSTICIA DE LA HISTORIA DE LA DEMOCRACIA

CCOO EXIGE AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO QUE RETIRE, entre otros, EL PROYECTO DE REFORMA DE LA LOPJ Y LA PRIVATIZACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES

La dimisión del ministro Gallardón era una exigencia de millones de personas y de miles de trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia y de CCOO, por la política que ha venido realizando desde que tomó posesión como ministro de Justicia.

CCOO considera que la trayectoria del ministro Gallardón ha sido lamentable y siempre ha actuado contra los derechos democráticos de la ciudadanía. Su proyecto, y el de Rajoy, rechazado mayoritariamente por la ciudadanía, de reforma de la Ley del aborto, ha sido el desencadenante, pero también ha pretendido desmantelar la Administración de Justicia desde que tomó posesión. Ha aprobado la Ley de Tasas Judiciales, que ha condenado a decenas de miles de ciudadanos a la indefensión ante los Tribunales, ha impulsado la aprobación del proyecto de Ley de Justicia Gratuita que deja sin capacidad de defensa a la inmensa mayoría de la ciudadanía; ha mantenido un intento constante de ir privatizando servicios de la Administración de Justicia con proyectos como el de ley de Jurisdicción voluntaria, y un largo etcétera de actuaciones contra la ciudadanía y los trabajadores y trabajadoras.

Pero una nueva escalada contra los derechos de la ciudadanía se iba a producir, cuando Gallardón y el Gobierno aprobó el 4 de julio la privatización de los Registros Civiles.
Esa privatización demostraba que poco les importaban que toda la sociedad estuviera en contra de esa decisión e incluso que todos los grupos parlamentarios la rechazaran. Desde el punto de vista de CCOO, la privatización de los Registros Civiles demostraba la presunta colisión de intereses del ministro Gallardón y de  Rajoy, porque ambos podrían estar actuando contra la ley, al existir presuntos intereses oscuros en esa decisión. Por eso, CCOO presentó, el pasado 8 de septiembre, denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el presidente del Gobierno y el ministro Gallardón.

La aprobación del proyecto de reforma de la LOPJ que pretendía Gallardón llevar al Consejo de Ministros en próximas fechas, es un paso más en la conculcación de los derechos de más de 40.000 trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia.

CCOO ha denunciado que la reforma de la LOPJ pretende la desaparición de decenas de partidos judiciales, de cientos de órganos judiciales y de los Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de Paz, la imposición de la movilidad geográfica y funcional, el no reconocimiento de las retribuciones de todo el personal de la Administración de Justicia, la desaparición de cientos de puestos de trabajo, la privatización de los actos de comunicación y ejecución…..

Sea bienvenida la dimisión de Gallardón, pero CCOO va mucho más allá. No basta con la dimisión de Gallardón.


CCOO exige al presidente del Gobierno:

1.- Que retire la privatización de los Registros Civiles.
2.- Que deje sin efecto el proyecto de reforma de la LOPJ y no lo lleve al Consejo de Ministros para su aprobación.
3.- Que derogue la ley de Tasas Judiciales y que escuche el clamor ciudadano antes de aprobar la ley de Justicia Gratuita y Jurisdicción Voluntaria, que constituyen el inicio del proceso del desmantelamiento de la Administración de Justicia.  
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